El miércoles 9 de marzo de 1988 Osvaldo Britos, un trabajador telefónico de Añatuya, quien viviera algunos años en Quimilí, fue a pescar al río Salado con dos hombres, José Luis Yapur y el policía Claudio Roberto Gallo. Osvaldo los conocía pero no eran sus amigos y fue llamativo que le insistieran tanto en ir a pescar. Sabía que estaban involucrados en el robo de joyas millonarias de una casa perteneciente a una conocida familia de Añatuya. En fin, el único que no volvió de esa excursión de pesca fue Osvaldo. Gallo y Yapur dijeron que lo había matado un rayo durante la tormenta que se desató ese día. ¿Un rayo?
El juez del caso, Ramón Alberto Satuf, tardó un mes en ordenar la autopsia, examen que reveló que Britos había muerto por “traumatismo cráneo-encefálico provocado por golpes”. El juez no hizo absolutamente nada: el caso quedó como una simple “información sumarial”, cajoneado. La Policía tampoco movió un dedo. Al juez le hicieron juicio político y lo destituyeron en 1990, además de inhabilitarlo para ocupar cargos públicos. Ahora es asesor legal en la policía santiagueña, con jerarquía de comisario. Mónica, una de las hijas de Britos, tenía 12 años cuando lo mataron. A los 14 años se cruzó en la calle con Yapur. El hombre le hizo un gesto obsceno. La nena lo increpó. “Sí, fui yo el que lo mató a tu papá, ¿y qué?, ¿qué me va a pasar?”, le largó Yapur mientras la agarraba de un brazo. Y en verdad no le pasó nada. La causa quedó sepultada bajo la farsa de la caída del rayo durante casi 12 años. Recién en 1999, por insistencia de la familia, se hizo otra autopsia que confirmó que a Osvaldo le partieron la cabeza. Y se agregó una pericia hecha por el departamento de ingeniería eléctrica de la facultad de ciencias exactas de la Universidad Nacional de Tucumán que consideró imposible que muriera por un rayo.
El 13 de marzo de 2000 el expediente se caratuló homicidio agravado por alevosía. El policía Gallo fue detenido en 2002, pasó tres años preso con todas las comodidades que le ofrecían sus colegas y fue liberado porque el juicio aún no se hacía. Gallo y Yapur presentaron todos los recursos posibles pidiendo que se declare la causa prescripta, es decir que sea archivada. La Cámara de 2da. Nominación que intervino aceptó el pedido pero su mal criterio fue anulado y corregido por la Corte nacional que abrió el camino para el juicio.
Casi 23 años después del crimen de Osvaldo Britos, el 1° de marzo pasado empezó el juicio oral y público contra uno de los acusados, Gallo. Los médicos declararon lo que se sabía: a la víctima no la mató un rayo sino golpes en la cabeza; científicos contaron que la muerte por rayo produce lesiones que Britos no tenía. La fiscal Olga Gay de Castellanos pidió perpetua. Inusitadamente, los jueces Osvaldo Pérez Roberti, Graciela Viaña de Avendaño y Rosa Margarita Piazza de Montoto, los mismos que habían dicho antes que la causa estaba prescripta, contra toda lógica absolvieron a Gallo.
Un caso criminal que tiene 23 años de trámites es un flagrante caso de injusticia. Si a esta situación se le suma que los jueces dicen que aquí no ha pasado nada y rechazan lo evidente, es decir la muerte de una persona a manos de otros, el resultado es un escándalo vergonzoso para la Justicia de Santiago del Estero. Hay una cita del dramaturgo alemán Bertolt Brecht que viene al dedillo para el caso de Osvaldo Britos. Dice:
“Muchos jueces son absolutamente incorruptibles, nadie puede inducirles a hacer Justicia”.
Publicado en el blog de TN por Ricardo Canaletti
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