Inseguridad creciente

¿Qué se hace para defender a los ciudadanos? Esa es la pregunta que se repite con más fuerza e indignación en Quimilí y otras ciudades del país, ante la alarmante, escandalosa y cada vez más osada ola de robos y actos criminales contra ciudadanos indefensos.
 Tal situación no puede continuar. Obliga al Gobierno a revisar y replantear la política de seguridad ciudadana a nivel nacional, provincial y local, que, por inexplicables razones, no logra obtener los resultados efectivos. Por el contrario, pareciera que cada vez estamos peor.
 No nos referimos solo al reciente asalto a un “rapi pago” local o al violento robo de soja en un campo vecino, sino a la creciente indefensión ciudadana ante los recurrentes y violentos robos a negocios y particulares, así como los ataques de patotas, las violaciones a niñas y adolescentes (que por temor a represalias no se denuncia), la falta de respeto a las normas de tránsito, entre otras.
 En los últimos año hemos cambiado numerosos jefes de policía, cada cual con una óptica distinta que finalmente concluyen no logrando los objetivos propuestos, debido en gran medida a la ausencia de una política de Estado coherente y sostenida, con metas tanto de corto como de mediano plazo.
 La prevención es crucial, pero no puede descuidarse la inteligencia y la investigación criminal para desbaratar las bandas de delincuentes locales y foráneos. Es muy difícil a nivel local actuar eficientemente en la lucha contra la delincuencia y en la búsqueda de mayor seguridad, cuando desde la nación se niega sistemáticamente la existencia de inseguridad y se la cataloga como sensación.
 La mayoría de los gobernantes argentinos coinciden en que la delincuencia tiene su origen en la exclusión social y en el mal funcionamiento de las instituciones encargadas de combatirlo, incluso la presidenta lo aseguró en varias oportunidades. A la vista de que el matrimonio Kirchner ha acumulado nueve años de gestión y que la inclusión de los marginados y el saneamiento de la Policía ocupan un lugar privilegiado en su agenda, las ciudades de Argentina deberían figurar entre las más seguras del mundo. Pero la retórica que se esgrime es una cosa y la realidad es otra.
 Según datos recogidos por la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe (CEPAL) en Argentina el 17% de los adolescentes de 13 a 19 años -cerca de 900.000 individuos- no estudian ni trabajan. La mayoría de esos excluidos se concentran en los barrios marginales de las grandes ciudades, donde la actual presidenta y su antecesor se precian de haber puesto en marcha una serie de proyectos para contener la deserción escolar y para combatir el desempleo entre los jóvenes. Evidentemente no fueron suficientes.
 El presidente de la Comisión de la Pastoral Social, monseñor Jorge Cassareto, se refirió en duros términos a la realidad que trasciende del estudio de la CEPAL. En su intervención ante el congreso de los Rectores del Consejo de Educación Superior Católica, advirtió que “estamos ante una emergencia educativa y social que de no revertirse con inteligencia y celeridad, gravitará negativamente en el provenir de las jóvenes generaciones”.
 Nos encontramos a las puertas de una catástrofe social y allá arriba, nadie mueve un dedo por conjurarla. No caben medias tintas ni cortinas de humo. Estamos llegando a extremos peligrosos, pues el escandaloso déficit de orden y seguridad ciudadana es creciente. La ciudadanía exige respuestas, acciones concretas y resultados urgentes.

Editorial de LEA Revista del Interior