El 20 de mayo fueron entregadas 20 viviendas en el Barrio FONAVI IV, en el sector nordeste de nuestra ciudad, la entrega de viviendas se realizó en horas de la mañana con la presencia del personal del IPVU de Santiago del Estero y de Ariel López como representante del ejecutivo municipal.
El acto fue sencillo y conciso, sin presencia de la presa y con nula propaganda previa. Esto dio lugar a diversas conjeturas sobre la transparencia de las adjudicaciones realizadas, como ocurre en cada adjudicación, desde que el gobierno construye viviendas para el pueblo, sea del partido que sea.
Más allá de la metodología empleada en esta adjudicación y de los criterios que hayan adoptado los responsables del instituto provincial de viviendas (que pueden ser motivo de debate y reflexión), lo cierto y muy importante también es que cada una de esas 20 familias estaban necesitando un techo propio, un techo que los dignifique como ciudadanos y que albergue a sus hijos.
Ante esto último personalmente no puedo decir nada, pero si puedo decir que hay cientos de familias que también están necesitando una vivienda urgente; que el plástico de sus paredes ya se está desintegrando; que la condición de hacinamiento e insalubridad en la que viven es alarmante; que los servicios básicos como el agua potable, saneamiento, recolección de residuos o la energía eléctrica no les llega.
A primera vista, puede parecer extraño abordar el derecho a la vivienda como un derecho humano básico. Un techo inadecuado e inseguro, sin embargo, amenaza la calidad de vida de los individuos, atentando directamente contra su salud física y mental. En otras palabras, la violación del derecho a la vivienda niega la posibilidad de una vida digna. Esta idea ha sido reflejada en el derecho internacional, a través de instrumentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
La adecuada satisfacción de la demanda de vivienda condiciona algunas de las decisiones vitales más importantes de las personas y supone el mayor compromiso económico que adquieren a lo largo de su vida. Junto a ello, las implicaciones económicas y ambientales relacionadas con la construcción y ordenación del territorio hacen que la política de vivienda tenga una enorme trascendencia social.
La vivienda en un Estado social y de derecho no puede ser simplemente un bien más del mercado. Una parte de la acción y de los recursos públicos deben destinarse a facilitar el acceso de todos a una vivienda digna.
Felicito de corazón a los nuevos propietarios; me causa mucha alegría saber que hay muchas viviendas más que están en su etapa final de construcción y pronto cambiarán positivamente la vida de muchos quimilenses; pero también me atrevo a pedir por los que todavía faltan dignificar con un techo, que les permita volver a creer en que es posible una mejor manera de vivir y que no solo tienen que verla pasar en cada entrega. Pido humildemente a Dios y al Gobierno que “Así Sea”.
Firma: Diego Eliseo Leonardo López
El acto fue sencillo y conciso, sin presencia de la presa y con nula propaganda previa. Esto dio lugar a diversas conjeturas sobre la transparencia de las adjudicaciones realizadas, como ocurre en cada adjudicación, desde que el gobierno construye viviendas para el pueblo, sea del partido que sea.
Más allá de la metodología empleada en esta adjudicación y de los criterios que hayan adoptado los responsables del instituto provincial de viviendas (que pueden ser motivo de debate y reflexión), lo cierto y muy importante también es que cada una de esas 20 familias estaban necesitando un techo propio, un techo que los dignifique como ciudadanos y que albergue a sus hijos.
Ante esto último personalmente no puedo decir nada, pero si puedo decir que hay cientos de familias que también están necesitando una vivienda urgente; que el plástico de sus paredes ya se está desintegrando; que la condición de hacinamiento e insalubridad en la que viven es alarmante; que los servicios básicos como el agua potable, saneamiento, recolección de residuos o la energía eléctrica no les llega.
A primera vista, puede parecer extraño abordar el derecho a la vivienda como un derecho humano básico. Un techo inadecuado e inseguro, sin embargo, amenaza la calidad de vida de los individuos, atentando directamente contra su salud física y mental. En otras palabras, la violación del derecho a la vivienda niega la posibilidad de una vida digna. Esta idea ha sido reflejada en el derecho internacional, a través de instrumentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
La adecuada satisfacción de la demanda de vivienda condiciona algunas de las decisiones vitales más importantes de las personas y supone el mayor compromiso económico que adquieren a lo largo de su vida. Junto a ello, las implicaciones económicas y ambientales relacionadas con la construcción y ordenación del territorio hacen que la política de vivienda tenga una enorme trascendencia social.
La vivienda en un Estado social y de derecho no puede ser simplemente un bien más del mercado. Una parte de la acción y de los recursos públicos deben destinarse a facilitar el acceso de todos a una vivienda digna.
Felicito de corazón a los nuevos propietarios; me causa mucha alegría saber que hay muchas viviendas más que están en su etapa final de construcción y pronto cambiarán positivamente la vida de muchos quimilenses; pero también me atrevo a pedir por los que todavía faltan dignificar con un techo, que les permita volver a creer en que es posible una mejor manera de vivir y que no solo tienen que verla pasar en cada entrega. Pido humildemente a Dios y al Gobierno que “Así Sea”.
Firma: Diego Eliseo Leonardo López
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